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Terram advierte: Áreas protegidas de Chile seguirán desfinanciadas

En su Balance Ambiental del 2022, la fundación Terram repasa los avances y desafíos relacionados a las áreas protegidas en el país. Avances legislativos y falta de financiamiento son algunas de las conclusiones.


Al término de cada año, Fundación Terram sintetiza en su Balance Ambiental los hitos más relevantes en materia de políticas públicas ambientales del país, para contribuir a la discusión pública. En el capítulo de Áreas Protegidas del Balance Ambiental 2022, Terram resaltó el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), publicado en febrero. En él se alerta la probabilidad de que se extinga un 48% de las especies animales y vegetales del planeta, si se supera el umbral de calentamiento de 1,5°C en los próximos cinco años, lo cual es un escenario altamente probable.

Para abordar este problema, la 15º Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica (COP15), luego de dos años de retraso elaboró su primer texto, entre cuyos principales acuerdos establece “la protección para 2030 de al menos el 30% de la tierra y los océanos considerados importantes para la biodiversidad. Este acuerdo, además, obligará a los países a destinar US$ 200.000 millones anuales para iniciativas relacionadas con la biodiversidad, tanto del sector público como privado. Los países desarrollados aportarán US$ 25.000 millones en financiamiento anual a partir de 2025 y US$ 30.000 millones al año para 2030”.

Un nuevo Servicio de Áreas Protegidas

En materia legislativa, el Balance Ambiental 2022 destaca el avance del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (PL SBAP), que en agosto pasó desde la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados –en donde se encontraba estancada desde junio de 2021– hacia la Comisión de Hacienda. En esta instancia se revisarán aspectos financieros sin entrar en el debate sobre la pertinencia o no de las indicaciones introducidas en la instancia anterior, que han sido catalogadas por organizaciones ambientales como graves retrocesos en materia de protección.

Según el documento, el cambio que generó mayor controversia es la modificación del artículo 92, eliminando la prohibición de operar otras concesiones distintas a actividades de investigación científica, educación o turismo al interior de áreas protegidas.

Para Cristopher Toledo, economista de Fundación Terram y autor del capítulo, “estos retrocesos son graves, ya que abren la posibilidad para que empresas productivas con un alto impacto ambiental, como la salmonicultura o minería, puedan seguir operando al interior de áreas protegidas o sitios prioritarios para la conservación, tal como ocurre con la degradación que se ha evidenciado del fiordo Comau, debido tanto a los impactos de las concesiones salmoneras que se ahí se ubican, como a los efectos del avance del cambio climático”.

Falta financiamiento

En cuanto al financiamiento del proyecto de ley SBAP, Fundación Terram alerta que “el presupuesto disponible para llevar adelante funciones distintas a la administración del SNASPE, será de aproximadamente $ 6.959 millones. Considerando la gran cantidad de instrumentos regulatorios y de fomento que se contemplan en el proyecto, este monto resulta insuficiente”.

Asimismo, el documento critica el bajo presupuesto 2023 asignado al SNASPE, el cual “asciende a los $19.045 millones de ingresos totales, el que presenta una disminución en un 21% respecto del año anterior, siendo la mayor caída registrada para las áreas protegidas estatales desde el año 2009”.

“En este sentido, resulta muy preocupante que una tendencia instalada por el expresidente Piñera, orientada a que las áreas protegidas deben generar financiamiento para su operación, está siendo continuada por el Gobierno de Boric, lo cual es una señal del precario rol que el mandatario le asigna a la conservación de la biodiversidad”, afirma Terram.

Fuente Fundación Terram


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