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Maisa Rojas: Los salmones son una especie exótica invasora

Me parece razonable que en áreas protegidas no exista esa amenaza. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, asume la derrota que tuvo su posición en la discusión del SBAP, pero asegura que el debate con las salmoneras continuará en la discusión de la Ley de Acuicultura. «Nosotros seguimos insistiendo que esta es una propuesta para el futuro que no afecta el empleo», dice en entrevista.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas (50), está sentada en su oficina, en un noveno piso de un edificio en calle San Martín, en pleno centro de Santiago. Un lugar extraño para hablar de medio ambiente.

“Me gustaría dar algunos ejemplos muy concretos de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad”, dice, y busca respuestas a su alrededor.

“La diversidad de la vida uno la ve mirando por esta ventana… Bueno, esta ventana no, aquí hay puro cemento”, se frustra.

Pero rápidamente se repone y alude a imágenes que todos tenemos en la cabeza: Abejas, que polinizan frutas que Chile exporta. Árboles, cuya sola presencia permite que un lugar tenga tres o cuatro grados Celsius menos. Humedales, que cumplen la misma función que una planta de tratamiento de agua.

Una naturaleza que funcione bien nos entrega aire limpio, agua limpia, suelos limpios. De eso estamos hablando cuando decimos que necesitamos cuidar esta naturaleza, para que nosotros mismos podamos seguir viviendo de buena manera en este planeta. Además, la diversidad es muy importante porque nos da materias primas. O sea, toda nuestra actividad económica depende de lo que sacamos de la naturaleza”, dice la secretaria de Estado en diálogo con El Desconcierto.

– En ese contexto, ¿cuál es la importancia que le atribuye a la aprobación a la ley que crea que Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)?

Yo diría que fundamentalmente dos. Uno que viene a completar la institucionalidad ambiental que fue diseñada en el año 2010 cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente. En ese momento, la idea es que se crea un Ministerio, un Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la superintendencia. La cuarta pata era el SBAP, pero bueno, la historia ya la conocemos.

Lo otro es que, bueno, estamos ante una triple crisis planetaria que se manifiesta en cambio climático, en la contaminación y también en una crisis muy severa de pérdida de biodiversidad. De hecho, la ciencia nos indica que la tasa de pérdida de biodiversidad es la más alta que hemos tenido en la historia desde que existe la vida en el planeta. Esto es realmente grave porque, en este último caso, hablamos de un cambio que es irreversible, ¿verdad? Porque una vez que se pierde una especie, no vuelve.

Por eso yo dije que era la ley medioambiental más importante de la última década. Obviamente es muy necesario contar con un servicio público 100% enfocado en la conservación, preservación, restauración, recuperación de la biodiversidad, y que se haga cargo de las cinco amenazas que tiene.

– ¿Cuáles amenazas?

Una de las amenazas es el cambio climático, que provocamos nosotros y que amenaza la biodiversidad. Está también la fragmentación de ecosistemas, o sea, hemos estado rompiendo y metiendo actividades humanas dentro del ecosistema. Las otras amenazas son las especies exóticas invasoras, la contaminación y el uso de pesticidas, y el uso no sustentable de los recursos naturales.

Este servicio tiene instrumentos para hacerse cargo de esas cinco amenazas.

– Antes de entrar al fondo, quería preguntarle por qué cree que se demoró tanto en aprobar este servicio. Estamos hablando de casi 15 años en que este proceso no avanzó.

Es multifactorial, obviamente. Yo creo que, a ver, crear un servicio nuevo nunca ha sido una tarea fácil. Yo no sé cuánto se demoró en deshacerse el Sename y tener la institucionalidad que tenemos hoy, pero fueron muchos años. En general, hay una resistencia del sistema completo a crear servicios nuevos.

Yo diría en particular de este servicio que, por un lado, se hace a cargo de las áreas protegidas que hoy día tienen cinco ministerios a cargo. Hubo resistencias iniciales, pero en los últimos años eso cambió, pero fue una negociación larga, había que ver, por ejemplo, en qué condiciones se traspasaban los guardaparques de Conaf.

Después, en cuanto a los instrumentos para hacerse cargo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, ahí chocaba directamente con atribuciones que hoy en día tienen otros ministerios sectoriales. Eso también probablemente trajo hartas tensiones y, por lo tanto, se tuvo que mejorar el proyecto para evitar superposición, para dejar bien claro quién se hace cargo de qué.

– ¿Pero en términos más políticos? ¿Hubo desinterés de los gobiernos anteriores o del Congreso en la discusión legislativa?

Es que yo creo que esos temas son políticos, porque se mete en el Estado, en la manera en cómo funcionan instituciones del Estado, y cuáles se hacen cargo de qué cosas.

También hubo una crítica bien importante sobre el financiamiento. Chile históricamente ha tenido un financiamiento para la biodiversidad que es muy bajo. Y nosotros el año pasado logramos obtener un nuevo informe financiero que subió sustancialmente el financiamiento. Y eso ayudó a que algunos detractores del proyecto dijeran «ya, bueno», porque para qué vamos a crear algo que no va a tener financiamiento, algo que no tiene dientes, etc.

Yo también diría que la urgencia, el entendimiento de la gravedad de la crisis también ha cambiado. Yo diría que hace 15 años atrás no estábamos tan conscientes, teníamos un ordenamiento jurídico que más o menos funcionaba. El hecho de que yo me haya involucrado mucho en que la ley saliera, en armar un gran equipo para que funcionara y en que prácticamente no me perdí ninguna sesión en el Congreso, es por el nivel de urgencia que ahora sí entendemos que tenemos.

Y bueno, por último, piensa que uno de los temas más polémicos, que fueron los últimos que se resolvieron y que no se resolvieron como hubiésemos querido, era con ciertas industrias. Estamos hablando de la salmonicultura en particular.

La batalla contra las salmoneras

– Efectivamente hubo una discusión importante con la industria salmonera, hubo parlamentarios bien críticos, incluso oficialistas, y se le terminó metiendo tijera al proyecto. ¿Cómo va a funcionar la ley en estos casos? ¿Con qué dientes quedó finalmente el SBAP?

A ver, el servicio va a reordenar las categorías que tenemos de áreas protegidas. En este momento tenemos como 10, y se van a reclasificar en seis. Cinco de ellas siguen las guías internacional de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la sexta categoría salió de la consulta indígena.

En las tres categorías más estrictas de conservación queda absolutamente prohibida la actividad productiva y también las concesiones. Esto suena un poco redundante, pero tienen ese doble check. Aquí me refiero a reservas de región virgen, los parques nacionales y los monumentos naturales.

– ¿Qué pasa con las otras tres categorías?

Estas son las reservas nacionales, las áreas de conservación de múltiples usos y las áreas de conservación de pueblos indígenas. Aquí quedan permitidas concesiones sectoriales, pero tiene tres «peros». Tienen que ser compatibles con el objeto de protección, que quedó reglado en la ley; tienen que ser compatible con el plan de manejo, que además se tiene que hacer de manera participativa; y tiene que quedar autorizado por el SBAP.

Tiene esas tres condiciones y, por lo tanto, podría ocurrir que, aunque la ley permitiría una concesión sectorial en una reserva, podría llegar a ser incompatible y, de esa manera, igual protegerse.

Sin perjuicio de eso, nosotros lo que quisimos en la comisión mixta era una prohibición expresa en las seis categorías de la actividad acuícola exótica, léase salmonicultura.

– ¿Por qué?

Porque los salmones son una especie exótica en Chile. Las especies exóticas invasoras son una amenaza para la biodiversidad. Por lo cual, a mí me parece de toda lógica, razonable, de sentido común, que en las áreas protegidas no exista esta amenaza.

Era una indicación que igual iba a actuar de aquí hacia el futuro, entendiendo que existen condiciones jurídicas consolidadas y que eso uno no lo puede cambiar en nuestro marco jurídico. Así que, bueno, se perdió en la mixta. Pero nosotros vamos a seguir teniendo esa discusión con la industria en el debate de la Ley de Acuicultura, porque nosotros seguimos insistiendo que, como esta es una propuesta para el futuro, no afecta al empleo. Yo entiendo perfectamente que esta es una industria muy importante para el país, muy importante para las regiones del sur.

– Esa es quizá el desafío más grande de su cartera, tratar de compatibilizar la protección ambiental con, en este caso, la base de la economía de toda una región.

Yo no diría que es una dificultad que tiene mi cartera, es una dificultad que tiene nuestra sociedad, porque por algo estamos en una situación de crisis como en la que estamos. Es porque no hemos entendido correctamente, nos hemos desarrollado de una manera no sustentable con la naturaleza.

– ¿Y cómo lo hace usted?

Bueno, con la propuesta que teníamos. Por ejemplo, nosotros en diciembre del año pasado aprobamos el nuevo marco global para la biodiversidad. Esto es un tratado que es un equivalente al acuerdo de París, tiene 23 metas que tenemos que cumplir de aquí al 2030, que justamente se hacen cargo de la crisis de pérdida de biodiversidad.

La meta más emblemática ahí es la que se llama 30 x 30, que al año 2030 tengamos un 30% de nuestros territorios protegidos. Es decir, para que la vida en este planeta nos pueda seguir proveyendo de los servicios que nos da, necesitamos una protección de un 30%. De esa manera, aseguramos que la vida pueda seguir funcionando correctamente.

– ¿Qué es lo que se viene a futuro con el SBAP?

Luego de finalizar su tramitación en el Congreso con la votación favorable en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto pasará por la revisión del Tribunal Constitucional y posteriormente por toma de razón de la Contraloría. Eso van a ser dos o tres meses, probablemente.

Luego de eso, la iniciativa estará lista para su promulgación y publicación. Desde ahí, hay plazo de un año para dictar el Decreto con Fuerza de Ley para la creación del servicio, lo que permitirá definir los aspectos administrativos que darán forma al mismo, como, por ejemplo, fijar la planta del personal, escalas de remuneraciones, etc.

Fuente Eldesconcierto


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