El Ministerio Público se vuelca a investigar el origen de la ola de incendios forestales. Al menos 44 personas han sido detenidas por sospechas.
En apenas cinco días una ola de incendios forestales en el centro-sur de Chile arrasó con la superficie equivalente al promedio que suele quemarse en dos años. Las hectáreas destruidas por el fuego durante las últimas tres semanas superan las 450.000, según el balance matutino entregado este sábado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La emergencia incendiaria es la más mortífera registrada en el país sudamericano en la última década, con 25 fallecidos. Mientras casi 6.000 bomberos y brigadistas luchan por combatir los incendios aún activos, el Ministerio Público se ha volcado a investigar el origen de las llamas. Al menos 44 personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en la tragedia.
A nivel nacional hay 224 incendios forestales en desarrollo. De ellos, 26 están en combate, 159 controlados, 28 extintos y 11 bajo observación. Las zonas más afectadas, donde el Gobierno de Gabriel Boric ha decretado estado de excepción constitucional de catástrofe para hacer frente a la emergencia, son: Ñuble, Biobío y la Araucanía (ubicadas a 400, 500 y 700 kilómetros al sur de Santiago, respectivamente). De los poco más de 7.500 damnificados, 5.855 son del Biobío. “El fuego está siendo mucho menos agresivo y muchos focos de incendio que se generan, se logran controlar”, explicó esta semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien advirtió que las condiciones meteorológicas se van a complejizar a partir de este domingo.
A medida que la ayuda pública y privada local y extranjera ha llegado a los territorios más perjudicados, el debate se ha concentrado en el origen de las llamas. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó esta semana que cerca del 41% de los incendios forestales investigados en el Biobío, La Araucanía y Ñuble durante esta temporada (arranca en julio de 2022), han sido generados intencionalmente. A nivel nacional, la intencionalidad es de un 25%. Uno de los sectores más perjudicados por la ola de incendios ha sido el agrícola.
El jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de Conaf, Rolando Pardo, explicó que los principales motivos son por causas monetarias o para generar daño. Sin embargo, aclaró que la radiografía debe hacerse por región. “Por ejemplo, en La Araucanía el conflicto territorial [por las tierras ancestrales del pueblo mapuche] está presente, pero también hay venganza y enojo entre comunidades, o molestia con el mundo agrícola”, apuntó.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informó que dos tercios de los afectados son usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP, dedicado a potencias a pequeños productores agrícolas y campesinos), un 45% son mujeres y 26% mapuches entre Ñuble y la Araucanía. El 70% de los afectados son personas de escasos recursos. Valenzuela aseguró que el Gobierno ha duplicado las unidades de investigación del origen de los incendios: de 12 a 24, compuestas por dos técnicos y especialistas por región.
Los tres partidos de derecha de Chile Vamos se reunieron con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para pedirle que en su investigación sobre los incendios pusiera especial énfasis en los “altos grados de intencionalidad”. El senador de derecha Javier Macaya, presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), adelantó que el Congreso también buscará sancionar eventuales “responsabilidades políticas”.
Desde la Fiscalía regional del Biobío, Valencia aclaró que en materia de intencionalidad y negligencia, no van a entregar ninguna cifra. “No lo vamos a hacer por responsabilidad. Estamos investigando todas las hipótesis, hay antecedentes de incendios causados de manera intencional y por negligencia”, aseguró. El fiscal nacional informó sobre la creación de un equipo especial para coordinar los incendios de la llamada Macrozona Sur donde emplearán recursos informáticos y de análisis criminal, para “considerar todos los incendios de la zona sur como un gran evento criminal”.
Fuente Elpais